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Codelco y Anglo American han hecho noticias desde el 12 de octubre pasado, cuando Codelco anunció el Negocio del Siglo: la compra del 49% de Anglo American Sur, más como La Disputada. Para ello había conseguido un crédito de 6 mil 750 millones de dólares de la multinacional japonesa Mitsui, pero antes del cierre de la operación Anglo American le vendió el 24,5% de las acciones de La Disputada a Mitsubishi.

A partir de ese momento se inició una encarnizada disputa en la que se involucrado autoridades de gobierno y del parlamento. Un triste tongo de recursos judiciales y variadas declaraciones le hacen creer a la opinión pública que los ejecutivos de Codelco son verdaderos patriotas en defensa de la empresa de todos los chilenos.
Pero es un tongo, una imagen que intentan venderle a la opinión pública y a las autoridades y parlamentarios, -que en la materia distan de ser unos linces-, con el objetivo de traspasar miles de millones de dólares de Codelco a Anglo American, -y posiblemente a otras transnacionales, sin contrapartida notable.

Los actuales ejecutivos de Codelco no son y no pueden ser enemigos de Anglo American, porque durante muchos años fueron altos ejecutivos de Anglo American o de sus filiales en Chile. Desde que asumió el Presidente Piñera, integra el Directorio de Codelco el Sr. Fernando Porcile, ex presidente del directorio de Minera Collahuasi, de la cual Anglo American controla un 44% y Mitsui otro 14%. Se trata de la misma Mitsui que le presta la plata a Codelco para que compre el 49% de La Disputada a Anglo American. ¿Dónde está el error?
Anglo American no solo tiene gente en el Directorio de Codelco, sino y sobretodo en la dirección ejecutiva de la Corporación, comenzando por su Presidente Ejecutivo Sr. Diego Hernández, que por más de 10 años fue Presidente de Minera Collahuasi y de Minera Mantos Blancos, hoy Anglo American Norte. ¿Pura coincidencia? El Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, el Sr. Thomas Keller, fue Presidente Ejecutivo de Minera Collahuasi, mientras el Vicepresidente de Comercialización Sr. Rodrigo Toro fue Vicepresidente Comercial de Collahuasi y después de Anglo American Chile. El Jefe de Asuntos Jurídicos, Sr. Patricio Enei, fue anteriormente ejecutivo en BHP Billiton y Collahuasi, y otros gerentes ubicados en puestos más bajos del organigrama de Codelco que también vienen de Anglo American o sus filiales. Todos ellos, al término del gobierno actual, volverán a Anglo American u otras transnacionales mineras. Por ello hacen denodados esfuerzos: estos ejecutivos de “clase mundial” han generado, durante los años 2010 y 2011, los peores resultados de toda la historia de Codelco.

Codelco ya no es la empresa de todos los chilenos: en la práctica son las transnacionales mineras la que la administran esta empresa en la actualidad, y no precisamente a favor de sus legítimos propietarios, o sea todos nosotros. Por el contrario, y peso mis palabras, la están destruyendo. Es necesario señalar que no solo Anglo American ha colocado sus ejecutivos en Codelco. De la mano del Sr. Diego Hernandez, llegó Sergio Fuentes, Vicepresidente de Proyectos, que viene de BHP Billiton y Escondida. Y también Jorge Gómez, Vicepresidente de Operaciones Centro Sur, que viene de Antofagasta PLC y Los Pelambres. Por su parte, Sebastián Conde, Vicepresidente de Recursos Humanos, viene de Exxon, Juan Pablo Schaeffer Gerente General de Asuntos Corporativos viene de Noranda y Xtrata, Ignacio Muñoz, Auditor General viene de El Abra y Anglo American, etc. Una verdadera legión extranjera, o más bien una marabunta.
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Cuando estos ejecutivos dirigieron las diferentes mineras extranjeras, hasta el año 2004 solo una de ellas pagó impuestos en Chile: Escondida. Las otras solo declararon pérdidas, en los mismo años que Codelco declaraba miles de millones de dólares de utilidades. Su eficiencia, si eficiencia había, consistía en evadir impuestos, en robarle la Estado de Chile. Las mineras extranjeras declaraban pérdidas no porque no tuviesen utilidades, sino en virtud de condenables prácticas de evasión, traspasando beneficios fiscales para no pagar impuestos ni aquí ni allá. Esos son los ejecutivos que hoy dirigen Codelco: Los zorros a cargo del gallinero, mientras el gobierno y los parlamentarios callan.

Así se entiende que en estos dos últimos años Codelco haya perdido miles de millones de dólares. Codelco no declara pérdidas, sería demasiado evidente, pero sus utilidades son muy inferiores a las que debieran ser. Veamos. El año 2006 Codelco tuvo 9 mil 215 millones de dólares de utilidades, cuando el precio del cobre era de 3 dólares la libra. El año 2010 Codelco declaró 5 mil 790 millones de dólares de utilidad, con el cobre fue de 3,42 dólares la libra y una producción ligeramente superior al 2006. En función del precio y la producción las utilidades debieron superar los 11 mil millones de dólares. Faltan 5 mil millones de dólares. No hubo aumento significativo de los costes, pero las ventas bajaron en.. 5 mil millones de dólares. Eso solo puede ocurrir si el cobre, el oro, la plata, el molibdeno, etc., fueron vendidos a precios inferiores al mercado.¿Estafa? ¿En beneficio de quien?

Codelco anunció para ele ejercicio 2011, utilidades de unos US$ 7 mil millones, pero con un precio promedio del cobre de 4 dólares la libra, un 33 % superior al 2006. Sin tomar en cuenta el oro, la plata, el ácido sulfúrico cuyo precio aumentó en más de 100%. Todo ello lleva a que lleva a calcular las utilidades reales en más de US$ 12 mil millones. Vuelven a faltar 5 mil millones de dólares en las ventas. Los ejecutivos de Codelco están vendiendo el cobre, el oro, el molibdeno, el ácido sulfúrico a precios muy inferiores al mercado. ¿A quien? Una pista la dan las empresas de origen de la actual plana ejecutiva de Codelco. Lo curioso es que ni el gobierno ni el Parlamento se inquietan de lo que parece una flagrante estafa. De las “pérdidas” de Codelco. O para ser más precisos de la indebida reducción de las ganancias nadie habla. Para eso sirve el tongo de la la compra del 49% de La Disputada: para tender una cortina de humo. Para que los zorros a cargo del gallinero trabajen tranquilos.
Julián Alcayaga O.
Economista
www.defensadelcobre.cl
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Según diversos actores, incluido un informe de CIEPLAN, el avance que significa el término de la entrega de 10% de las ventas al extranjero de Codelco se ve empañado por algunos amarres con los que no cuentan el resto de los sectores, como un presupuesto plurianual o pisos de gastos, afirma El Mostrador en el siguiente reportaje.
En septiembre de 2009, la entonces mandataria Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley para derogar la Ley Reservada del Cobre, que hasta hoy entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas al extranjero y subproductos de Codelco a las Fuerzas Armadas.
Pero su discusión fue aplazada, principalmente, porque se optó por acentuar el esfuerzo legislativo en impulsar la ley de modernización del ministerio de Defensa y, como recuerda el diputado Jorge Burgos, no estaban los votos necesarios.
En definitiva, fue el gobierno de Sebastián Piñera el que mandó un proyecto nuevo, el cual fue trabajado por el ex ministro de Defensa Jaime Ravinet y luego por su sucesor, Andrés Allamand. Fue éste junto a un equipo asesor encabezado por el ex subdirector del CEP y actual ministro de Educación, Harald Beyer, quienes afinaron la propuesta. El 10 de enero pasado ésta fue despachada desde la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, siendo el proyecto objeto de diversas críticas.
“Este proyecto reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”, afirma Jorge Rodríguez, investigador de CIEPLAN.
Según un informe desarrollado por Cieplan, si bien el proyecto constituye un “avance” al derogar la Ley Reservada del Cobre “mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios respecto del resto de los sectores, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
Entre estos privilegios, detalla el informe, se cuentan un presupuesto plurianual, pisos de gasto, un fondo de contingencia sectorial y el derecho a incorporar al presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico que no hayan sido devengados al 31 de diciembre.
Y si bien estos elementos “pueden tener méritos como instrumentos de gestión presupuestara, no se justifica que se apliquen sólo al sector Defensa”.
En opinión del investigador del centro de estudios, Jorge Rodríguez, este proyecto de ley “reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”. El economista recalca que ello no tiene justificación ante la ciudadanía, ya que no se explica por qué no se hace lo mismo en sectores emblemáticos como Educación o Salud. “El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos”.
Esto es compartido por el ex asesor del ministerio de Defensa y actual coordinador del taller de Defensa del Instituto Igualdad, José Díaz, quien destaca el avance de derogar esta ley, aunque reconoce varias falencias. Entre ellas, justamente la plurianualidad, que considera “interesante”, pero “es raro que se empiece por Defensa” y no por otros ministerios más sensibles.
En Cieplan destacan como aspectos positivos de la propuesta, entre otros, el desligar las decisiones de inversión en el sector Defensa de la disponibilidad cíclica de recursos del cobre, el ingresar al presupuesto los ingresos fiscales provenientes de Codelco que hoy se consideran como extrapresupuestarios y considerar una instancia periódica de discusión parlamentaria sobre presupuesto de las FF.AA. Sin embargo, concluyen que también introduce inflexibilidades que impedirían ajustar a la baja el presupuesto de Defensa, lo que no deja claro “cómo ello se compatibiliza con la política fiscal de balance estructural”, ya que en principio se entendería que ante la eventual necesidad de ajustar el gasto público, se debería ajustar el presupuesto de otros ministerios distintos a Defensa, lo que no parece justificado.
]“El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos” (Jorge Rodríguez).
Entre otros problemas, Díaz destaca el establecimiento de un piso mínimo de gasto anual, que no podrá ser inferior al 70% del monto promedio de la inversión en material bélico financiado por la Ley Reservada del Cobre entre 2001 y 2010. Ésto, asegura, “ya es una anomalía”.
Además, señala que este piso “es extraordinariamente alto, ya que se formuló en función de los últimos años excepcionalmente buenos para el rendimiento de la ley del cobre. Es un monto importante: hay cálculos que hablan sobre 500 millones de dólares anuales e incluso hay algunos que plantean que podría llegar a 700 millones de dólares. Son cifras verdaderamente importantes pensando que son para adquisición de sistemas de armas nuevos, tomando en cuenta que la gran mayoría de las compras importantes ya se realizaron en administraciones anteriores”.
Por otro lado, Díaz rechaza el establecimiento de un fondo de oportunidad “que permitirá que en alguna ocasión se pudiese adelantar alguna compra. Es excesivo, porque si requirieses esto alguna vez implicaría que hubo mala planificación. Además no tiene mucho que ver con una crisis porque una adquisición plena de sistema de armas es cosa de varios años”.
Filosofía de la Desconfianza
El ex subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, explica que “toda la filosofía tras la ley está basada en la desconfianza de que el Congreso en algún momento pueda disminuir o alterar flujos normales de presupuesto a Defensa. Por eso tiene amarre”.
En todo caso, aclara que esta mirada estuvo siempre incluida en la propuesta de la era Bachelet.
“El presupuesto de la ley que trabajamos anteriormente también tenía esa debilidad, que apunta a dar garantías contra posibles usos políticos para que hubiese un flujo indispensable para el desarrollo de las Fuerzas Armadas”. La diferencia, aclara, “es que no trabajamos tanto los pisos presupuestarios que se le están dando ahora”.
Para Vergara el “quid del asunto está en la desconfianza en que la clase política perjudique a Defensa, por lo que vienen los amarres. Y lamentablemente este sector es como un portavoz de las inquietudes militares en última instancia cuando debiera ser la autoridad política la que decidiera lo que se hace”.
El miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Burgos, considera que el proyecto “tiene la virtud de derogar la Ley secreta del cobre y es una buena noticia para Chile, pero requiere la búsqueda de acuerdos transversales. Lo que el gobierno mandó modifica la Ley Orgánica de las FF.AA. y al hacerlo requiere de alto quórum, no le alcanza sólo con los votos de la Alianza ni los independientes”. Por ello, concluye, “Allamand tiene que buscar una negociación previa a la Sala, a pesar de lo cual habrá varios aspectos que perderá”.
José Díaz respalda la necesidad de llegar a consensos amplios, ya que explica que el proyecto terminó siendo “muy favorable a los intereses corporativos de los militares”, lo que a la larga implica que “las instituciones se hacen un flaco favor si hacen una legislación tan favorable a sus intereses, porque éstas se van revisando en el tiempo y al cambiar el escenario probablemente sean modificadas. Entonces, lo que puede ser una ganancia ahora, en otro momento puede ser muy negativo”.
por otro lado---
09/01/2012
Un documento del Programa Legislativo de CIEPLAN cuestiona el proyecto, que busca modificar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas y que esta semana será votado en la Cámara de Diputados, por ser poco eficiente en el uso de los recursos públicos.
En una minuta elaborada por el equipo del Programa Legislativo de CIEPLAN, se plantea que si bien el proyecto de derogación constituye un avance en materia presupuestaria, “mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios respecto del resto de los sectores, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
Entre los privilegios, se mencionan el presupuesto plurianual, pisos de gasto, un fondo de contingencia sectorial y el derecho a incorporar al presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico que no hayan sido devengados al 31 de diciembre. De acuerdo al documento, estos elementos “pueden tener méritos como instrumentos de gestión presupuestaria, pero no se justifica que se apliquen sólo al sector Defensa”.
"El proyecto de derogación mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, dice el documento.
Por otro lado, se destaca que “el proyecto introduce inflexibilidades que impedirían ajustar a la baja el presupuesto de Defensa. En este sentido, no es claro cómo ello se compatibiliza con la política fiscal de balance estructural”. Según el documento, la necesidad de ajustar el gasto público requiere un recorte en el presupuesto de otros ministerios.
La minuta afirma que el proyecto no ha avanzado lo suficiente en distintas materias de gestión pública en las que el sector Defensa ha demostrado atrasos, como en evaluación ex ante proyectos de inversión; evaluación ex post del gasto; gestión de inversiones financieras; rendición de cuentas y transparencia, y gestión de gastos reservados, aspectos que deben ser abordados en la discusión parlamentaria.
El documento también hace una comparación entre el proyecto analizado y el proyecto para establecer un nuevo sistema de financiamiento de la Defensa Nacional, presentado por la Administración de la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009, encontrando diferencias en la reducción de los privilegios presupuestarios del sector Defensa.
Pese a que los aspectos positivos del proyecto, como que las decisiones de inversión no se tomarán en función de los recursos del cobre; que los ingresos fiscales extrapresupuestarios provenientes de CODELCO se vayan al presupuesto del sector Defensa; en que los recursos a las Fuerzas Armadas dejarán de subdividirse entre sus tres ramas, sin considerar los proyectos específicos de cada una de ellas, y que se considerará una discusión parlamentaria periódica sobre este presupuesto, el documento sugiere legislar, “pero perfeccionar el proyecto en su tramitación legislativa”.
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