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El sistema de nombramiento de los jueces: de participativo a intrusivo.

Por: LUISTAPIARUIS | Publicado: 25/10/2011 18:13 |
PUNTA ARENAS 24 DE OCTUBRE DEL 2011

SEÑOR

EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUSION PUBLICA

PRESENTE

HACEMOS LLEGAR A SU RESPETABLE MEDIO ---

El sistema de nombramiento de los jueces: de participativo a intrusivo.

“Los dichos del Gobierno comprometen no solamente la futura imparcialidad de los jueces, sino que también, consecuencia mucho más grave, la independencia de los integrantes del Poder Judicial. Se trata en definitiva, de un grave atentado a los pilares fundamentales del sistema judicial y del Estado de Derecho”.

Por Tomás Gabriel Vega Álvarez, Egresado de Derecho Universidad Austral (Valdivia).

El actual sistema de nombramiento de los jueces establecido por la carta fundamental está diseñado para que en su generación participen los tribunales superiores de justicia, como son las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, proponiendo en ternas o quinas a los candidatos para su elección por el Presidente de la República. En el caso del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema participa también el acuerdo del Senado.

Este tipo de declaraciones esconde, además, una grosera ignorancia respecto de cómo ejercen sus funciones los jueces, en especial, los jueces del nuevo sistema de justicia criminal.

Descrito así en términos simples, este sistema de nombramiento ha sido denominado como participativo o mixto, porque combina el sistema de designación de los jueces por parte del Poder Ejecutivo, que tuvo como ejemplo más claro el sistema que rigió la Francia de Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX, con un sistema de autogeneración de los miembros del poder judicial. Tal mixtura incluye, como se dijo, la participación del Senado.

Este diseño tiene por objeto garantizar que los jueces que asumen tras su nombramiento sean los más calificados, evitando así los problemas que supondría aplicar cualquiera de los dos sistemas en estado puro. Pero el fin último de este sistema sería garantizar, en el mayor grado posible, la independencia del Poder Judicial, uno de los principios fundamentales en cualquier Estado de Derecho y valor esencial exigido por nuestra carta fundamental.

La independencia viene exigida por la Constitución de 1980 en términos tales que se prohíbe tanto al Parlamento como al Presidente de la República ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar el fundamento o contenido de sus fallos o reabrir procesos ya concluidos. La idea es que los jueces al desempeñar sus funciones se rijan solamente por el derecho vigente y no sean objeto de presiones, tanto de parte de sus superiores jerárquicos como especialmente de los otros poderes del Estado.

Este sistema resulta adecuado y posee ventajas frente a otros, como el sistema de elección popular de los jueces que rige actualmente en Bolivia. Pero también posee falencias. Una de ellas aparece de manifiesto con los últimos dichos de integrantes del Gobierno por los cuales se comprometen a revisar, para efectos de futuros nombramientos, la línea jurisprudencial seguida por todo aquel juez que pretenda ascender dentro del escalafón del Poder Judicial. De esta manera ya no estarán ascendiendo los más capaces sino los que demuestren mayor adherencia a las ideas del Gobierno de turno o aquéllos que se dejen llevar por este tipo de presiones y de ahora en más comiencen a fallar de forma amigable con el Ejecutivo.

De esta manera, los dichos del Gobierno comprometen no solamente la futura imparcialidad de los jueces, sino que también, consecuencia mucho más grave, la independencia de los integrantes del Poder Judicial. Se trata en definitiva, de un grave atentado a los pilares fundamentales del sistema judicial y del Estado de Derecho.

Este tipo de declaraciones esconde, además, una grosera ignorancia respecto de cómo ejercen sus funciones los jueces, en especial, los jueces del nuevo sistema de justicia criminal. Efectivamente, los jueces están llamados a fallar los casos sometidos a su conocimiento, pero de una forma bastante particular. Su función debe der desarrollada con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás normas de la República.

El cambio desde un sistema inquisitivo a uno acusatorio en que se han diferenciado las funciones de persecución y fallo de los asuntos penales, el rol que se le ha otorgado al Ministerio Público como órgano investigador criminal y la facultad que tienen los fiscales de iniciar o no una investigación permiten concluir que son éstos últimos los que no cumplen, respecto de los casos que someten a decisión del tribunal, las exigencias legales mínimas en cuanto a la prueba de los hechos delictivos y la participación que en ellos corresponde a los imputados privados de libertad. Una labor judicial coherente con un sistema de garantías individuales no puede disminuir el umbral de justicia preestablecido por la ley.

Por último, para quienes creemos que la seguridad social y la protección de la propiedad privada no son valores absolutos que deben prevalecer frente a cualquier otro bien de la vida, sino que ponderarse en el caso concreto, sobre todo cuando se arriesgan derechos fundamentales básicos y principios elementales de un estado de Derecho, no podemos más que condenar las declaraciones del Gobierno y rezar porque tales intrusiones no tengan consecuencias malignas en un Estado donde lo ideal es que dejemos que las instituciones funcionen.

FUENTE---

www.sentidoscomunes.cl

Enviado por--Victor Diaz

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